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De qué hablamos cuando decimos “jóvenes, delitos y narcotráfico en Buenos Aires”

Por Walter Martello: Ex integrante de las Comisiones de Seguridad y Adicciones de la Cámara Baja provincial; y autor del libro "20x20 ¿Sin Salida?", la historia de 20 años, 20 ministros en la provincia de Buenos Aires y el fracaso de la política de seguridad.

Hubo reunión del Consejo Provincial de Seguridad y ninguna conclusión abordó el problema policial, es más todos, parece, prestarán acuerdo explícito o implícito para más policías comunales, provinciales, retirados o lo que fuera.

Todos mencionaron el problema del narcotráfico como atravesando la crisis y la necesidad de políticas de inclusión.

Nadie planteó ayer en el Consejo de Seguridad si en forma paralela a los 600 millones de pesos que se tomarán del Banco Provincia para equipamiento policial, se van a destinar más recursos a los planes de inclusión de Buenos Aires.

600 millones de pesos más para patrulleros y sólo 9 millones anuales para deportes sociales.

600 millones de pesos más para patrulleros y sólo 19 millones anuales para el plan ¡Soluciones Ya!, destinado a subsanar problemas de infraestructura en asentamientos y villas.

600 millones de pesos más para patrulleros y 18 millones anuales para el Sistema Penal Juvenil.

600 millones de pesos más para patrulleros y 294 millones anuales para la atención integral de niños y adolescentes.

600 millones de pesos más para patrulleros y 225 millones anuales para el programa de atención de adicciones.

600 millones de pesos más para patrulleros y 260 millones anuales para el Programa Materno Infantil y Nutrición, PROMIN.

600 millones de pesos más para patrulleros y 283 millones anuales para el programa ENVIÓN.

600 millones de pesos más para patrulleros y sólo 152 millones anuales para el patronato de liberados.

Nadie, tampoco, dio cuenta del proceso que se abrió cuando todos aprobaron la Ley de Desfederalización de los delitos vinculados al narcotráfico, que nosotros queremos derogar porque interrumpe la investigación hacia el verdadero problema narcocriminal que son los grandes comercializadores, y que le da enorme poder “mediador” a la policía en el menudeo.

Veamos algunos datos: 656.258 son las denuncias por hechos delictivos formuladas en el año 2012 en la provincia de Buenos Aires, según el Sistema Informático del Ministerio Público.

De esa cifra, 106.035 fueron efectuadas en nuestra zona, en Lomas de Zamora, representando el 16,2%. De ese total, fueron asistidos con Entrevista Previa: 4.825. De este modo, los otros 100.000 se archivaron genéricamente.

Por infracción a la Ley N°23.737, o sea a los delitos vinculados a “la droga”, se iniciaron en nuestro Departamento Judicial 5.333 causas, que equivalen al 5,03% del total. De ellas, los asistidos por esos delitos de comercialización fueron 1.649. De acuerdo a los registros, se trata de uno de los cuatro distritos donde esta problemática se exhibe con mayor conflictividad.

En el caso de los menores, las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), los expedientes abiertos “por drogas”, fueron 3.039, es decir, el 10,3% del total de los delitos cometidos por jóvenes.

Julián Axat, Defensor Penal Juvenil, describía hace unos días que “la relación entre la tasa de delitos investigados o a investigar de adultos y jóvenes, es que en estos últimos, la cifra proporcional implica el doble porcentual que la de los adultos en relación a cada total. Así si para los adultos ronda un 5% del total de IPP, para los jóvenes se mantiene en un 10% de su mismo universo” y es una situación grave.

Pero más grave aún es que como él nosotros también pensamos que “por el hecho de no figurar actos de asesoramiento legal, se trataron de meras sindicaciones policiales, y algunas de ellas (no sabemos cuántas pero presumimos que se trata de un 90%) implicaron privación de la libertad de una persona durante breve lapso, que luego terminó en un archivo”

Por lo tanto, es bueno aclarar con estas cifras que algo está ocurriendo entre las denuncias y lo que se tramita con ellas.

El problema es el narcotráfico, pero qué hacer si hay una “regulación” de ese “poder de auto-gestión a la policía” que encuera a pibes y adultos en supuestos delitos que prontamente se archivan, de forma tal que como vimos en todo nuestro Departamento Judicial por cada 5 denuncia una sola requiere asistencia y el resto se guarda, ¿qué ocurrirá con el resto?, ¿cuál será el vínculo de la policía en esos sumarios?.

¿Por qué ese desfasaje entre criminalización secundaria y encausamiento judicial, que plantea el Dr. Axat?

¿No será que llegó la ahora definitiva de ver que la ley fracasó?, que hay que avanzar hacia un sistema Federal de coordinación con las provincias, como lo venimos diciendo desde hace años y por eso le entregamos en mano ese proyecto al ministro Granados.

No será que, si el delito vinculado al Narcotráfico por menudeo en Buenos Aires tiene una duplicación en los menores respecto al resto de la población, habrá llegado la hora de que en el Consejo de Seguridad se hable de mejorar, entre otras cosas, los derechos de estos grupos establecidos en las leyes que crearon los servicios zonales y locales de atención, o de optimizar las partidas de planes de inclusión que hoy apenas trepan a la mitad de lo que se anunció para compras de patrulleros.

Estos son los números para que cada uno saque sus propias conclusiones de hacia dónde se va o se vuelve en materia de seguridad, donde la tolerancia cero dista de estar dispuesta contra la pobreza, la marginalidad y el círculo delicado de delito-policía-poder político. Entonces, ¿se quiere cambiar algo para que nada cambie?